Balsamo Antonio

Antonio Balsamo, miembro de la magistratura desde 1991, es juez de la Lista de Jueces Internacionales de las Salas Especializadas de Kosovo, con sede en La Haya, donde desempeña el cargo de juez de la Sala Especializada del Tribunal Constitucional.
Es asesor jurídico de la Representación Permanente de Italia ante las Naciones Unidas en Viena, donde participa en la fase preparatoria del Mecanismo de Revisión de la Convención de las Naciones Unidas de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la participación en las Conferencias de los Estados parte de dicha Convención y de la Convención de la ONU de Mérida contra la corrupción, así como en las actividades de la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal. Es asimismo profesor contratado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta), con sede en Palermo.

Antes de asumir sus actuales cargos internacionales, fue fiscal general adjunto del Tribunal Supremo de Casación, donde se ocupó de numerosos procedimientos relacionados con la delincuencia organizada, la corrupción, el terrorismo, los delitos económicos y financieros, la trata de personas, el tráfico internacional de estupefacientes y la cooperación judicial internacional, además de llevar a cabo una intensa labor de resolución de conflictos entre fiscales.

Entre 2011 y 2018 fue presidente del Tribunal Penal de Caltanissetta, donde llevó a cabo y resolvió en primera instancia los nuevos juicios por la masacre de Capaci y la masacre de Via D’Amelio (los denominados juicios «Capaci bis» y «Borsellino quater»), en los que se reconstruyeron la deliberación y la puesta en práctica de la estrategia del «terrorismo mafioso», los motivos de los atentados contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, también en relación con las colusiones entre «Cosa Nostra» y centros de poder externos, y la posterior actividad de despistamiento llevada a cabo por sujetos integrados en los aparatos del Estado.

Asimismo, presidió la Sección de Medidas Preventivas, dirigiendo investigaciones y llevando a cabo procedimientos que condujeron al decomiso de patrimonios ilícitos de especial relevancia económica.

De 2007 a 2011 prestó servicio como magistrado de tribunal destinado al Tribunal de Casación, donde también formó parte del grupo de trabajo interinstitucional encargado de la implementación del archivo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el CED.

Anteriormente, de 1995 a 2008, fue juez del Tribunal de Palermo, donde se ocupó, entre otros asuntos, del juicio contra el senador Giulio Andreotti, el juicio contra los líderes de «Cosa Nostra» por el asesinato del cronista judicial del Giornale di Sicilia, Mario Francese, el juicio «grande mandamento» relativo a la fuga de Bernardo Provenzano, así como numerosos otros procedimientos relacionados con diversos delitos de competencia del Tribunal de lo Penal.

Su primer cargo judicial, entre los años 1992 y 1995, fue el de juez de primera instancia de Palermo, donde se ocupó de procedimientos por usura, homicidios culposos, accidentes laborales y derecho penal medioambiental.
Asimismo, entre 2010 y 2012, fue presidente del Comité de Revisión de Derechos Humanos de la Misión EULEX de la Unión Europea (la mayor misión civil impulsada en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, con el objetivo de asistir y apoyar a las autoridades de Kosovo en la construcción de un Estado de derecho). Formó parte de la Comisión Ministerial para la Reforma del Código Penal, presidida por Giuliano Pisapia, de la Comisión Ministerial para elaborar una propuesta de medidas en materia de delincuencia organizada, presidida por Giovanni Fiandaca, y del Comité Científico del CSM.

Fue incluido en la lista de siete miembros potenciales del comité de vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) mediante la Decisión (UE, Euratom) 2016/1201 del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 13 de julio de 2016.

Ha sido ponente en diversas reuniones organizadas por órganos del Parlamento Europeo en Bruselas (entre otras, sobre: «Cooperación judicial en el ámbito del terrorismo» en la reunión de la Comisión Especial sobre Terrorismo del 19 de junio de 2018; sobre «La lucha contra la corrupción en el sector judicial: estudio de caso de Italia» en la reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE del 22 de marzo de 2018; sobre la propuesta de Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal en la reunión paralela de la Comisión LIBE del 6 de septiembre de 2017).

Ha participado, en calidad de experto, en diversos proyectos de la Unión Europea relativos a la reforma del proceso penal en Bulgaria (2005-2006), la creación de una Fiscalía competente en materia de delincuencia organizada y corrupción en la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2007-2008), la confiscación de bienes y la reforma de la legislación antimafia en Albania (2015 y 2017), y la Misión de Revisión por Pares del programa TAIEX sobre el proceso penal y la delincuencia organizada en Bosnia y Herzegovina (2017).

Asimismo, ha desempeñado la función de consultor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del proyecto «Apoyo a los esfuerzos de Turquía para combatir la trata de personas», financiado por la Unión Europea.